22 de septiembre de 2010

COMUNICADO PÚBLICO CLAUSTRO DERECHO

COMUNICADO PÚBLICO

CLAUSTRO DE PROFESORES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



Los profesores de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia a quienes nos dieron el permiso de acceder a la ciudad Universitaria el día 20 de septiembre del presente, después de reunirnos con el Consejo de la Facultad, acordamos hacer el siguiente pronunciamiento público:



El hecho de que la Universidad de Antioquia se haya visto abocada a la decisión de suspender el ingreso de los estudiantes durante varios días es un síntoma evidente del especial momento que la acongoja y sobre ello, por lo menos, no parecería haber una cuota importante de disenso. Sin embargo, y allí estaría el punto inicial de tantos desacuerdos, sería demasiado irresponsable y sesgado creer que la crisis radica en la reacción de algunos grupos por el establecimiento de la Tarjeta de Identificación Personal, pues esa puede resultar una anécdota relativamente intrascendente y posiblemente trivial frente a la grave dimensión de los problemas de la Universidad. Quizá la querella por razón de la TIP vendría a ser el pretexto de tantos manipuladores al servicio de cierta indecencia política y cultural que se manifiesta en la absoluta incapacidad de consultar el fondo de los pr0blemas, esos sí muy serios y que podrían dar al traste con la misma subsistencia de la institución.



Ya el Consejo Académico en su comunicado del día 16 de septiembre ha puesto en evidencia algunos de ellos como la falta de financiación adecuada por parte del Estado, la privatización de muchas de sus actividades por ciertos grupos, pero el listado es indudablemente mayor.



Por lo tanto, creemos que hay muchas deficiencias en el diagnóstico y especialmente es preocupante la falta de un análisis específico de ciertos problemas, de tal manera que se facilite encarar con mayor claridad las soluciones.



Ha hecho carrera la afirmación de que la Universidad se ha vuelto “una olla”. Esto no es sólo denigrante para la mayoría de los universitarios que asistimos a la institución a desarrollar nuestras tareas con apego a las más estrictas normas legales, éticas e institucionales, sino que ofusca el entendimiento de los problemas y permite soluciones aparentemente fáciles pero inútiles.



No puede confundirse, por ejemplo, la protesta estudiantil, así a veces no compartamos sus propósitos como en el caso de la TIP, con actividades ilegales como la venta de narcóticos y tampoco parece útil, para encarar una solución a los problemas, hacer un continuum de la venta de narcóticos, las ventas ambulantes y el dibujo de graffittis en las paredes y monumentos de la Universidad. Pensamos que entre ellos hay diferencias tan grandes que no dudamos en calificar a algunos como verdaderos obstáculos para la marcha normal de la institución, otros son apenas molestias que a lo mejor debemos entender como parte de una comunidad tan numerosa y otros, como los graffitis y las protestas estudiantiles, profesorales o de los empleados, que son propios de cualquier institución que pretenda ser democrática.



También es preciso afinar el lenguaje con el tratamiento de la violencia. La Universidad no es un espacio para ningún tipo de violencia, y en ella no puede tener cabida, cualquiera sea la justificación que se le dé o la procedencia que tenga.



Pero tampoco podemos admitir algunas formas de violencia como necesarias y, al mismo tiempo, asimilar la mala educación, la descortesía y los malos modales, sin más, a formas de violencia.



Es indudable que la presencia permanente de los ESMAD en las porterías de la Universidad y su amenaza, cada día reactivada por las autoridades departamentales, de su uso “cuando sea necesario”, es una provocación perturbadora para la buena marcha de la institución. Los acontecimientos del pasado miércoles 15 de septiembre, nos relevan de entrar en detalles. Si la aparente justificación de la presencia de esta fuerza de choque en la Universidad es la existencia de ciertos individuos que realizan actividades delictivas como la venta de estupefacientes, su utilidad para tales propósitos es ninguna. Ese es un aparato de la fuerza del Estado, destinado a controlar actividades violentas y que opera como fuerza de choque. Por lo tanto, en la práctica no opera sino contra el movimiento estudiantil, obviamente cuando se malentiende, como lo hacen algunos en la Universidad y por fuera de ella, que su mera existencia, es ya violenta. Pero para un fenómeno como la venta de alucinógenos, es completamente inoperante. Seguramente la investigación rigurosa y el seguimiento legal, son mucho más eficaces, que una fuerza de choque asediando constantemente las instalaciones universitarias, dando la imagen a la sociedad de que aquí estamos unos delincuentes violentos que es necesario mantener a raya.



Entendemos que para algunos sectores mantener esta fuerza de choque permanente en la Universidad, puede ser rentable en términos políticos. Esta opción represiva expresa el empobrecimiento político de la vida universitaria. Su presencia en los predios de la Universidad, da el mensaje perverso de que los universitarios somos unos delincuentes violentos, como decíamos más arriba y, por otra, pretenden mostrar que las autoridades universitarias y los universitarios, somos incapaces de resolver los problemas universitarios, previamente reducidos a problemas de delincuencia y cuya única solución es el uso de la fuerza dispuesta desde afuera.



No pretendemos entrar en detalle de algunos problemas serios de la Universidad, como el modelo de educación que se ha acogido de la mano de las políticas oficiales, el déficit financiero y de democracia que existen, algunas posiciones políticas mesiánicas de lado y lado, pero si queremos señalar algunos puntos críticos que percibimos en esta difícil situación.



En primer lugar, a pesar de los aparentes apoyos que la administración departamental ha expresado a las directivas de la Universidad, sus actitudes parecen más bien encaminadas a desestabilizarla, al apostarle a una solución de fuerza que, reduciendo los problemas a la delincuencia, silencia otros problemas probablemente más graves y en todo caso ofrece una seudo respuesta contraproducente para la marcha normal de la institución.



En segundo lugar, creemos que la fragilidad de la Universidad, ante tantos problemas y tantos enemigos, requiere de respuestas distintas al uso de la violencia. Invitamos al movimiento estudiantil a que examine con serenidad esta gran fragilidad de la institución y evite por todos los medios responder a esta provocación, pues producirá un enfrentamiento que sólo agravará los problemas, eventualmente ocasionará lamentables tragedias y finalmente, sólo servirá estratégicamente a los enemigos de la Universidad.



Finalmente, creemos que a la comunidad universitaria no sólo se le debe convocar, a participar con sus opiniones y propuestas, en los momentos más difíciles, cuando la Universidad está asediada por todos los lados, sino que debe ser una política permanente que evite, precisamente tales asedios; convocatoria que no puede excluir, como se ha hecho, a un sector tan importante como el profesorado de cátedra.



Expresado en otros términos, este escrito convoca a que la Universidad recupere el lenguaje de la política y abandone el recurso de la represión y el punitivismo.



Por lo tanto, solicitamos a la administración de la Universidad abrirla y a sus estamentos a desarrollar las actividades normales, sin caer en las provocaciones que desde afuera y de algunos sectores desde adentro, se vienen ejecutando y que podrían dar al traste con las posibilidades del desarrollo de sus actividades misionales.



Medellín, septiembre 20 de 2010.